El concejal de Tráfico de Ponferrada y el presidente del PRB testifican en el juicio por el caso Pongesur

"La empresa UFC presentó en su día una

declaración jurada de que no tenía trabajadores.

A mí me pareció raro y lo consulté con un

técnico que me dijo que eso era legal y

por eso voté a favor", indicó

Tarsicio Carballo ante el juez

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ponferrada ha acogido este viernes la segunda sesión del juicio contra el Consejo de Administración de Pongesur con las declaraciones del concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Severino Alonso, y del presidente del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), Tarsicio Carballo, ambos miembros del mismo. El abogado de los querellantes, Ángel Galindo, señaló que el proceso "pivota sobre si la empresa municipal Pongesur es una empresa privada o pública". Respecto a este apartado la acusación trata de demostrar que es una empresa pública y por tanto ha de someterse a la Ley de Contratos de Administraciones Públicas mientras que la defensa asegura que es de titularidad privada. "La instrucción está acreditando que se adjudicaron parcelas en contra de lo que la Ley de Contratos exige. Es decir, que fue en contra de una prohibición específica que la Ley ponía porque Pongesur es una sociedad municipal, es eminentemente pública, y por tanto, la concurrencia en los procedimientos de licitación de licitación de parcelas y de todo es exigible a esta empresa municipal", explicó Galindo. Por su parte la defensa de los miembros del Consejo de Administración de Pongesur quiere demostrar ante el juez que la empresa gestora de suelo es una empresa privada y que, por tanto, no está sujeta a la normativa de las contrataciones de la empresa pública. El líder del PRB volvió a incidir en el cariz político de esta querella. Carballo apuntó que es un "poco raro" que unos hechos que ocurrieron en el año 2002 se denuncien "unos meses antes de las elecciones". Igualmente indicó que en su día votó a favor de la adjudicación de parcelas a la empresa UFC porque le dijeron que era un procedimiento legal. "La empresa UFC presentó en su día una declaración jurada de que no tenía trabajadores", dice. "A mí me pareció raro y lo consulté con un técnico que me dijo que eso era legal y por eso voté a favor", indicó. El edil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, por su parte, eludió hacer declaraciones tras haber pasado por el juzgado para testificar. La declaración del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Juan Elicio Fierro, que también estaba prevista para la jornada de hoy se aplazó hasta la jornada del martes debido a que no pudo presentarse en el juzgado porque tenía que asistir al Consejo de Administración de Caja España.