OPINION
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Juan Campal
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Si ayer citaba en mi blog, y recordando a amigos y maestros, la instantánea de Antonio Merayo “Nada de lo que se calla es políticamente correcto”, hoy se me aparece en la conciencia esa otra frase, más común, de “el silencio nos hace cómplices”. Y no quiero yo ser cómplice de esta sinrazón de crispación a la que parece querer abocarnos el Partido Popular –quizás no tenga otra estrategia- con mi omisión de opinión, con mi silencio cómplice. Y más, cuando silencios prestados no hace tanto (finales de junio de 1996 hasta el mismo día 12 de marzo de 2004 –están gravadas mis declaraciones-) con respecto a su política antiterrorista los veo ahora convertidos en falsedades, mala fe y hasta exclusiones de hombría de bien y, cómo no, falta de patriotismo, a todo aquel que no les de el amén.
No entraré a recordar que el despreciable Ignacio de Juana Chaos, ya no es reo de Estado, sino, según sentencia del Tribunal Supremo, condenado “por un delito de amenazas no condicionales a grupos de personas sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en concurso ideal con otro de enaltecimiento del terrorismo”, que aclara que "que no hay amenazas de carácter individual, porque no encontramos en ninguno de esos dos artículos periodísticos -(El Escudo y Gallizo, se titulaban)- ningún párrafo o expresión que pudiera considerarse tal, ni tampoco que del contexto de circunstancias concurrentes hubiera de inferirse que el autor de esos escritos tuviera propósito de amenazar a nadie en concreto". No entraré, porque todo ello, no me lo hace menos despreciable.
Pero sí me hace recordar y agradecer que vivo, y, como a tantos, mi trabajo me costó, en un Estado de Derecho que propugna, entre otros, como valor supremo de su ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad (Artº. 1 de la Constitución), que asegura que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” (Artº. 9.1) y que garantiza “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales” (Artº. 9.3), así como que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (Artº. 14). Me guste o no, Ignacio de Juana Chaos ha cumplido la condena por sus veinticinco crímenes y ante la ley es igual que yo. Grandeza, y miseria, si se quiere, del Estado de Derecho. Todo lo cual, no me hace a De Juana Chaos menos despreciable.
Pero si en su día, con mi silencio otorgué que -tras la primera tregua de ETA (23 de junio de 1996), anunciada para seis días, cuando Ortega Lara llevaba secuestrado desde el 17 de enero y en el año inmediatamente anterior, a pesar de llevar ETA 40 días sin asesinar, habían sido asesinadas 18 personas (entre ellas el Comandante don Luciano Cortizo Alonso, aquí, en León)- el Ministerio del “Interior acelera(se) el acercamiento a cárceles próximas a Euskadi ante la posibilidad de diálogo” y “Rodríguez” (el portavoz del gobierno popular de Aznar) decía “estamos intentando entrar en un nuevo escenario”, y “el gobierno comienza a trasladar a presos de ETA como gesto para abrir una negociación”, y todo, supongo, porque “el ejecutivo espera que ETA alargue “de facto” la tregua que acaba mañana” (los entrecomillados son de la edición de El Mundo del sábado 29 de Junio de 1996); pero si un día callé ante esto, qué interés podría moverme hoy a sumarme a esos enredos y marañas hoy organizados por quienes aquello hicieron, si ni se lo reproché, ni se lo reprocharé jamás. Por qué habría de abandonar la esperanza.
¿Podrá el PP darme un porqué convincente distinto al que pienso y callo por no juzgar sus intenciones, por bien claras que las vea, por no igualarme a ellos? ¿En verdad podrá?
Sí, en mí nombre sí, el Presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y su gobierno puede y debe seguir buscando la solución definitiva al conflicto terrorista, sujetos, como yo, como todos, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
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Juan García Campal
http://juancampal.blogspot.com
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