FIN DE SEMANA / (Ampliación) Anulado el contrato de retirada de estériles de la montaña de carbón de Ponferrada

Es la sexta resolución de los tribunales
contra actuaciones del Ayuntamiento

o su empresa de suelo Pongesur

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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el contrato de retirada de los escombros de la "montaña de carbón", por considerar que la sociedad municipal Pongesur incumplió el principio de publicidad en el procedimiento de adjudicación realizado hace cinco años. La sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal de la comunidad da así la razón al PSOE, que había cuestionado en su momento la legalidad de la operación. La resolución judicial abre la puerta para que las empresas que en su momento se presentaron al concurso reclamen indemnizaciones a Pongesur, si se consideran perjudicadas por aquella decisión. Pero sobre todo, los socialistas destacan que la sentencia señala explícitamente que Pongesur es una sociedad sujeta al derecho público y que ha de atenerse a las normas de contratación fijadas para dichos organismos.

Esta cuestión no es baladí, ya que entronca directamente con una de las claves de la querella que actualmente se dilucida en el juzgado número 2 de Ponferrada interpuesta por los partidos minoritarios y la Federación de Asociaciones de Vecinos: es decir, si Pongesur está obligada o no a cumplir la Ley de Contratos de la administraciones públicas en sus operaciones mercantiles.

Los demandante estiman que sí y el ayuntamiento alega que se trata de una sociedad sujeta al derecho privado. Como es sabido, la demanda está pendiente de resolución (para su archivo o apertura de juicio) tras haber prestado declaración los implicados. Esta es la sexta sentencia judicial que se produce en los últimos meses contra el Ayuntamiento de Ponferrada o su empresa de suelo Pongesur, por decisiones urbanísticas que previamente habían sido cuestionadas por la oposición política en bloque y por los movimientos ciudadanos.

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Crece la preocupación

Sistemáticamente, el alcalde Carlos López Riesco ha restado importancia a los autos judiciales, anunciando recursos y asegurando que la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana legalizará las situaciones objeto de nulidad. Sin embargo, la preocupación crece en el seno del Partido Popular de León, donde algunos miembros de la dirección temen la repercusión electoral de los sucesivos escándalos, mientras otros creen que, aunque resultase reelegido, Riesco no finalizaría el próximo mandato.